El gobernador Alejandro García Padilla vetó el Proyecto de la Cámara Núm. 2698, el cual proponía aclarar que el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) no aplica a la industria de seguros en su modalidad de “negocio a negocio” (B2B). Según el informe del proyecto, los servicios administrativos de la industria de seguros estarían “exentos de cualquier impuesto sobre el consumo que se impusiera mediante cualquier legislación presente o futura“, incluyendo el IVU. La justificación de la medida era que había que aclarar como la ampliación del 4 por ciento del IVU en servicios entre negocios afectaría los servicios administrativos de la industria de seguros.

Los miembros de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) expresaron en un comunicado que la acción del Gobernador era un “golpe a los servicios de salud que reciben los ciudadanos y para toda la industria de seguros. Durante el debate público sobre la aprobación del IVA y el B2B, el gobernador siempre dijo que esos impuestos no le aplicarían a los servicios médicos. Sin embargo, el Departamento de Hacienda, en contra de la intención y el texto de la ley, ha insistido en aplicar el B2B a varios servicios que son esenciales para el cuidado del paciente”, expresó Carlos Rodríguez, Presidente de la Junta de Directores de ACODESE.

Aunque la visita al médico está excluida del pago de contribuciones, según la interpretación del Departamento de Hacienda, la contribución de 4% le aplica a los servicios necesarios para prestar esa atención, como es el procesamiento de medicamentos, los servicios de salud mental y contra la adicción, y el pago a los grupos de médicos primarios para atender a miles de pacientes, incluyendo a los beneficiarios del Plan de Salud Gobierno (PSG), entre otros.

“De haberse firmado y haberse aclarado la intención legislativa, la Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra el Plan de Salud Gobierno, hubiese recibido un alivio significativo en los costos relacionados con las contrataciones de beneficios de farmacia, servicios de salud mental y abuso de sustancias, y de los grupos médicos primarios. El veto echa eso por la tierra y, de prevalecer la interpretación del Departamento de Hacienda, estos costos se suman a los retos para que ese plan sea viable”, dijo Carlos Rodríguez.

La medida vetada por el gobernador era respaldada por la Comisionada de Seguros, el Director Ejecutivo de la ASES, la Cámara de Comercio, Asociación de IPAs, Asociación de Hospitales, la Asociación de Productos Medicaid y Medicare (MMAPA), y ACODESE.

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